Félix Bolaños: “Existen dos visiones de nuestro país”

La historia terminó cediendo el paso a la política. Y la memoria democrática, a las urnas. Félix Bolaños había acudido a Letras en Sevilla para reflexionar sobre las dos Españas y las heridas de la Guerra Civil, pero bastaron unas cuantas preguntas de Juanma Lamet para que la conversación se instalara en el presente. Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vista, el ministro defendió la posibilidad de una nueva victoria socialista, cuestionó las encuestas que pronostican un cambio de Gobierno y convirtió buena parte de sus respuestas en una defensa de la gestión de Pedro Sánchez.

Lamet, periodista especializado en información política, ejerció de contrapunto. Le reclamó autocrítica por la polarización, le recordó que el acceso a la vivienda se ha deteriorado durante los años de gobierno socialista y le preguntó si la huelga general convocada para noviembre no suponía, en realidad, una movilización contra el propio Ejecutivo. El caso de Mari Carmen Abascal, fallecida después de ser desahuciada, introdujo el momento más doloroso de la conversación. Y la controversia judicial sobre el voto de cientos de miles de españoles residentes en el extranjero proporcionó el más delicado políticamente.

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—Cada vez que le hago una pregunta sobre la historia de España, termina usted llevándome a la actualidad política. Así que vamos a hablar de elecciones, que veo que es lo que le pide el cuerpo. ¿Cree de verdad que puede repetirse la mayoría parlamentaria que permitió a Pedro Sánchez seguir gobernando en 2023? Porque, si hacemos caso a las encuestas, hoy parece bastante más difícil.

—Yo no creo en las carambolas. En 2023 sucedió algo muy sencillo: los españoles fueron a votar y decidieron una mayoría parlamentaria que no se parecía en absoluto a la que pronosticaban muchas encuestas. Y eso puede volver a ocurrir. Tengo un alto grado de confianza en que el Partido Socialista gane las elecciones y pueda revalidar el Gobierno. Es verdad que todavía se están produciendo movimientos en otras fuerzas políticas y habrá que ver cómo se reorganiza el espacio a la izquierda del PSOE. Confío en que sea competitivo. Pero también creo que los ciudadanos van a valorar lo que ha sucedido durante esta legislatura. Hemos asistido a un proceso de deshumanización de Pedro Sánchez verdaderamente severo. Se ha intentado despojar al presidente del Gobierno de cualquier cualidad positiva. Seguro que ha cometido errores, como los cometemos todos, pero también hay resultados que son indiscutibles. España está creciendo económicamente, tiene una capacidad de influencia en Europa y en el mundo muy importante, hemos revalorizado las pensiones y hemos incrementado un 70 % las partidas destinadas a becas. Todo eso también es la realidad de nuestro país. Algunas encuestas, más que trabajos técnicos, parecen expresar los deseos de quienes las publican. El 29 de noviembre decidirán los españoles.

—La vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos de esta precampaña. Y aquí hay una contradicción difícil de explicar: después de ocho años de gobierno socialista, acceder a una vivienda es muchísimo más complicado, especialmente para los jóvenes. ¿No tiene el Gobierno una responsabilidad directa en ese deterioro?

—La crisis de la vivienda no empezó hace ocho años. Es un problema que viene de mucho tiempo atrás y que se ha agravado exponencialmente en los últimos años. Nosotros hemos aprobado la primera ley estatal de vivienda de la democracia, pero hay que recordar que las competencias en esta materia corresponden en buena medida a las comunidades autónomas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Andalucía? Que el Gobierno andaluz no aplica las medidas previstas en esa ley. Por tanto, hay políticas públicas que no pueden ponerse en marcha porque una administración autonómica decide no utilizarlas. Y aquí sí que hay dos modelos claramente diferenciados. El de quienes consideran que el mercado debe regularse por sí solo y que las administraciones no tienen que intervenir, y el de quienes creemos que hacen falta políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Porque el mercado, por sí solo, no funciona. Está dejando fuera a millones de personas. Hemos aprobado decretos para proteger a los pequeños propietarios, facilitar que se incorporen viviendas al mercado del alquiler y limitar determinadas prácticas de los grandes fondos de inversión. Y el 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre quienes creen que no hay que intervenir y quienes pensamos que las administraciones tienen la obligación de actuar.

—Pero ¿no sería posible alcanzar un pacto de Estado sobre vivienda? Usted ha protagonizado acuerdos importantes con el Partido Popular, empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no intentar ahora un acuerdo para liberar suelo público y construir cientos de miles de viviendas asequibles?

—Lo hemos intentado. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. La Federación Española de Municipios y Provincias, en la que están representados alcaldes socialistas, populares y de otras formaciones, nos pidió por unanimidad que reformáramos la Ley del Suelo para facilitar que los ayuntamientos pudieran poner terrenos públicos a disposición de los promotores y agilizar la construcción de viviendas. El Gobierno preparó esa reforma. ¿Y sabe qué ocurrió? Que el Partido Popular terminó bloqueándola en el Congreso. Después intentamos incorporarla a uno de los decretos de vivienda, pero Podemos nos dijo que, si incluíamos esa modificación, no apoyaría el decreto. Y tuvimos que retirarla. Es decir, que los acuerdos son posibles. De hecho, se había alcanzado uno entre alcaldes de partidos diferentes. Pero cuando llega el momento de votar en el Parlamento, en ocasiones pesa más el interés de que el Gobierno pierda una votación que la responsabilidad de resolver un problema que afecta a millones de españoles. En cualquier caso, soy optimista. Una nueva legislatura puede abrir una etapa distinta, con nuevas posibilidades de acuerdo.

—¿Está, entonces, tendiendo la mano al Partido Popular para un pacto de Estado sobre vivienda?

—Por supuesto. Si existe voluntad de llegar a acuerdos que permitan construir más viviendas asequibles y facilitar el acceso a los ciudadanos, nosotros estaremos dispuestos a trabajar en ellos.

—Quiero preguntarle por Mari Carmen Abascal. Ayer conocimos su fallecimiento. Murió después de haber sido desahuciada, sin haber podido regresar a su vivienda. Su caso se convirtió en un símbolo de las protestas sociales, pero también ha puesto de manifiesto un fracaso estrepitoso del sistema. ¿Qué va a cambiar para que algo así no vuelva a suceder?

—Coincido con la idea fundamental de su pregunta. Una sociedad como la española no puede permitirse que una mujer de 87 años, con una discapacidad del 50 %, sea desahuciada sin tener un lugar al que ir y termine falleciendo fuera de su casa. Es una historia que nos ha conmovido a todos. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad habrá sentido una enorme tristeza al conocer lo sucedido. Pero quiero pedir algo: dejemos el fallecimiento de Mari Carmen fuera del debate electoral. Es un asunto demasiado doloroso para utilizarlo políticamente. Nosotros estamos convencidos de que algo así no puede repetirse y por eso hemos aprobado medidas de protección frente a los desahucios. Y no son medidas improvisadas a raíz de este caso. Los llamados escudos sociales comenzaron a aprobarse en 2020, durante la pandemia, y estuvieron vigentes hasta que dejaron de contar con el respaldo parlamentario necesario. Aquí hay responsabilidades de distintas administraciones: estatal, autonómica y local. Probablemente hemos fallado todos. Pero impedir que una persona anciana, enferma y vulnerable termine en la calle no debería ser una cuestión ideológica. Es una cuestión de pura humanidad.

—Su compañera de partido y excompañera en el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, ha dicho que la huelga general convocada para el 11 de noviembre por la situación de la vivienda y los salarios es, en realidad, una huelga contra la oposición. Una convocatoria que llega justo antes de la campaña electoral. ¿Comparte usted esa interpretación?

—Habrá que ver en qué términos se desarrolla finalmente esa huelga. Lo que están haciendo los sindicatos es dar voz a unas reivindicaciones que cuentan con un consenso social amplísimo y que trascienden incluso a las propias organizaciones sindicales. ¿Quién puede estar en contra de que los trabajadores tengan mejores salarios? ¿Quién puede estar en contra de que las familias puedan acceder a una vivienda a un precio razonable? Los sindicatos, en el ejercicio legítimo de su autonomía, deciden cómo trasladar esas reivindicaciones a la sociedad. Y nosotros las compartimos. Hemos aprobado políticas precisamente para mejorar los salarios y facilitar el acceso a la vivienda. Es posible que los sindicatos consideren que esas medidas son insuficientes, y tienen todo el derecho a decirlo. En cualquier caso, respetamos plenamente la convocatoria y compartimos los objetivos sociales que la motivan.

—Vamos con una cuestión especialmente delicada, que además nos devuelve al tema de estas jornadas: la memoria democrática. Está prevista una Diputación Permanente del Congreso en la que se debatirá la convalidación de los decretos de vivienda y también la modificación normativa relacionada con la llamada Ley de Nietos. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la aplicación de una instrucción que afecta a la nacionalidad y al derecho de voto de más de 400.000 personas. La Abogacía del Estado ha pedido que se revierta esa suspensión. Estamos a las puertas de unas elecciones generales. ¿Puede modificarse de esta manera el censo electoral a tan pocas semanas de la votación?

—Creo que es importante explicar bien qué ha sucedido, porque sobre este asunto se están difundiendo muchas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. La Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce el derecho a optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que tuvieron que abandonar nuestro país como consecuencia de la Guerra Civil y de la dictadura. Estamos hablando de personas que salieron de España perseguidas por motivos políticos, por la represión o por situaciones de extrema pobreza. Muchas tuvieron que huir para evitar la cárcel, la tortura o incluso la muerte. Reconocer la nacionalidad a sus descendientes constituye una forma de reparación histórica. Y no es una idea exclusivamente socialista. El propio Partido Popular ha defendido públicamente que los descendientes de aquellos españoles puedan recuperar su vínculo jurídico con nuestro país.

—Pero la controversia no está tanto en el principio de la ley como en la instrucción que regula su aplicación. ¿Qué establece exactamente?

—El problema es cómo acreditar, ochenta o noventa años después, las razones por las que una persona salió de España. Nadie huía de la dictadura llevando un certificado del régimen franquista que dijera que estaba siendo perseguido políticamente. Y, evidentemente, no todas las familias conservan documentos que permitan demostrarlo. Por eso se aprobó una instrucción interpretativa que establece una presunción para quienes abandonaron España. Podríamos discutir el periodo temporal. Pero lo fundamental es que se trata de facilitar la aplicación de una ley de reparación histórica. Esa instrucción llevaba años aplicándose sin que se hubiera producido esta controversia. Y ahora, de repente, surge una campaña basada en la acusación de que se está preparando un supuesto fraude electoral. No hay ninguna prueba de eso.

—Pero el Tribunal Supremo ha adoptado una medida cautelar. Y eso tiene consecuencias sobre el censo.

—Por supuesto. Y nosotros respetamos absolutamente las decisiones judiciales. Lo que estamos haciendo es pedir que se resuelva cuanto antes, porque la consecuencia de esa suspensión es que hay cientos de miles de españoles que, a día de hoy, se encuentran privados de su derecho al voto. Imagínese lo que puede suceder si celebramos las elecciones el 29 de noviembre y, después, el Tribunal Supremo decide que la demanda no tenía fundamento. Habríamos celebrado unas elecciones con personas que tenían derecho a votar y no pudieron hacerlo. Eso es lo que queremos evitar.

—¿Está diciendo que las elecciones podrían celebrarse con un censo electoral alterado?

—Estoy diciendo que, en este momento, el censo está alterado porque hay alrededor de 400.000 personas que tienen reconocido el derecho al voto y cuya situación se ha visto afectada por una suspensión cautelar. Y quiero añadir algo para que se entienda la dimensión real de este debate. La participación en el voto exterior suele ser muy baja, en torno al 10 %. Si hablamos de 400.000 personas, estadísticamente podrían votar unas 40.000. Esos votos se reparten, además, entre las 52 circunscripciones electorales. Por tanto, no estamos hablando de ninguna operación destinada a alterar artificialmente el resultado de unas elecciones.

—Pero el voto exterior puede decidir un escaño. Ya sucedió en 2023.

—Exactamente. Y en aquellas elecciones, con ese mismo censo, el voto exterior hizo que el Partido Socialista perdiera un diputado que terminó ganando el Partido Popular. Por eso me parece absurdo presentar esta cuestión como una maniobra electoral del Gobierno. Estamos hablando del derecho al voto de ciudadanos españoles. Y lo que queremos es que se resuelva su situación antes de las elecciones.

—Me acaba de dar usted un titular: «El censo electoral está adulterado».

—Alterado. He dicho alterado.

—Alterado, entonces.

—Alterado.

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La entrevista había comenzado casi una hora antes con un asunto muy distinto. Bolaños recordó su participación en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, uno de los episodios más significativos de su trayectoria política. Aquel procedimiento, explicó, exigió un complejo trabajo jurídico y estuvo acompañado de numerosos recursos judiciales y de una difícil relación con la familia del dictador.

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—Usted era secretario general de la Presidencia cuando se tomó aquella decisión. ¿Cómo recuerda el proceso?

—Fue una de las primeras decisiones que adoptó Pedro Sánchez cuando llegó al Gobierno en 2018. Considerábamos una anomalía que una democracia consolidada mantuviera un lugar de homenaje a un dictador. Y trabajamos para trasladar sus restos a un lugar donde su familia pudiera honrarlo, pero sin que el Estado democrático mantuviera un mausoleo dedicado a su figura. Fue un proceso extraordinariamente complejo. Cada decisión era recurrida por organizaciones próximas al franquismo. Finalmente, el Tribunal Supremo avaló la exhumación y se llevó a cabo en octubre de 2019. Creo que fue un día importante para nuestra democracia. La memoria no consiste en reabrir heridas, sino en conocer nuestro pasado para evitar que vuelva a repetirse y reparar a quienes sufrieron la represión.

—¿Se cerró entonces una de las heridas de la Guerra Civil?

—Fue una reparación, aunque naturalmente no definitiva. Para muchas personas significó muchísimo. Y lo hicimos respetando todas las garantías jurídicas y los derechos de la familia. Esas mismas garantías que las víctimas del franquismo nunca tuvieron. Ahí reside precisamente la superioridad moral de la democracia.

—El título de esta conversación es «¿Existen las dos Españas?». ¿Siguen existiendo?

—Existen dos visiones de nuestro país, claro que sí. Pero eso no debería preocuparnos. También existen en Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos. Hay una visión progresista y otra conservadora, y es perfectamente legítimo que ambas compitan democráticamente. Lo preocupante no es que haya dos proyectos políticos, sino el grado de polarización que hemos alcanzado. Escuchamos declaraciones de responsables públicos que resultan vergonzosas por su agresividad, por sus insultos o por las falsedades que contienen. Creo que una parte de la derecha moderada ha asumido discursos, formas y estrategias de la ultraderecha para intentar competir con ella. Y eso es peligrosísimo, porque puede terminar convirtiendo a la extrema derecha en la fuerza hegemónica de ese espacio político, como hemos visto en otros países europeos.

—Pero en ese reparto de responsabilidades no ha hecho ninguna autocrítica. ¿El Gobierno no ha contribuido también a esa polarización? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el discurso del muro?

—Creo que aquellas palabras de Pedro Sánchez se sacaron bastante de contexto. Se han utilizado para construir un relato sobre nuestra forma de gobernar cuando, en realidad, esta legislatura hemos tenido que alcanzar acuerdos con fuerzas políticas muy diferentes. Ahora bien, por supuesto que podemos hacer autocrítica. Seguro que hemos cometido errores y que podríamos haber hecho más esfuerzos para alcanzar determinados consensos. Yo mismo he trabajado mucho para llegar a acuerdos con el Partido Popular. Hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años y medio de bloqueo y hemos aprobado reformas constitucionales con el apoyo de los dos grandes partidos. Lo que sucede es que los acuerdos apenas tienen repercusión. En un ambiente tan polarizado, parece que interesa mucho más destacar el enfrentamiento que el consenso.

—Larra hablaba de una España que quería enterrar a la otra. Machado escribió aquellos versos sobre las dos Españas. ¿Qué hay en nuestra historia que explica esa inclinación al enfrentamiento?

—España tiene una historia trágica. El primer tercio del siglo XX estuvo marcado por acontecimientos muy dolorosos, por la violencia y por la voluntad de imponer unas ideas sobre otras. Pero creo que esa inercia histórica está superada. Los últimos cincuenta años de democracia demuestran que los españoles somos capaces de resolver nuestras diferencias mediante procedimientos democráticos. La polarización que vivimos ahora no es exclusivamente española. Es un fenómeno internacional. Y tiene mucho que ver con determinadas estrategias políticas que buscan deshumanizar al adversario y convertirlo en alguien absolutamente malvado.

—¿El rencor de la Guerra Civil se hereda? ¿Y el silencio? ¿Qué se contaba en su familia?

—En mi familia, como en tantas familias españolas, hubo historias muy dolorosas. Mi abuela quedó viuda porque su marido fue fusilado durante la Guerra Civil. Tuvo que sacar adelante a cinco hijos en unas circunstancias terribles, sin saber leer ni escribir y siendo, además, viuda de un republicano. Aunque nunca le escuché palabras de venganza. Aquello marcó su vida, naturalmente, pero no la convirtió en una persona que quisiera reproducir el sufrimiento que había padecido. Y hay una reflexión que me parece importante: muchas de las víctimas de la dictadura estarían hoy satisfechas con la España que tenemos. Querían una España democrática, europea y con un Estado del bienestar. Y eso es lo que hemos construido.

—Sin embargo, las generaciones que no vivieron la Guerra Civil parecen estar recuperando una confrontación que creíamos superada. ¿Cómo explica el crecimiento de la ultraderecha, especialmente entre los jóvenes, después de ocho años de Gobierno socialista?

—Para empezar, niego que todos los jóvenes estén apoyando a la ultraderecha. En las elecciones de 2023, el partido más votado entre los jóvenes fue el Partido Socialista. Es verdad que la extrema derecha está creciendo, pero no solamente en España. Es un fenómeno europeo y mundial. Y tiene mucho que ver con la facilidad para difundir mentiras y bulos a través de las redes sociales. Los algoritmos no son neutrales. Favorecen determinados contenidos extremistas o difamatorios porque generan más difusión. Por eso es necesario regular ese ámbito y exigir responsabilidades a quienes controlan esas plataformas.

—¿Encuentra algún paralelismo entre la ultraderecha actual y la de los años treinta?

—Hay analogías en el contexto internacional: conflictos bélicos, nacionalismos exacerbados y respuestas simplistas ante situaciones complejas. Para mí, la ultraderecha se caracteriza por ofrecer soluciones fáciles a problemas muy difíciles. Soluciones que, cuando se aplican, no resuelven esos problemas y muchas veces los agravan. Pero existe una diferencia fundamental respecto a los años treinta. Hoy la extrema derecha intenta llegar al poder a través de los mecanismos democráticos, presentándose como defensora del sistema, aunque después sus propuestas puedan debilitar elementos esenciales de ese mismo sistema.

—Se nos acaba el tiempo. Estamos en Letras en Sevilla, así que voy a pedirle una última recomendación: un libro sobre la Guerra Civil que le haya marcado.

—He leído muchos libros sobre la Guerra Civil. Hubo una época, durante mi adolescencia, en la que me interesaba especialmente ese periodo, y otra en la que leí mucho sobre la Transición. Pero, si tuviera que recomendar uno que encajara con el espíritu de estas jornadas, elegiría La velada en Benicarló, de Manuel Azaña. Azaña era un escritor magnífico, además de un político y un jurista brillante. Y en ese libro hace un análisis muy lúcido, muy triste también, de los errores que condujeron al enfrentamiento.