Por qué ni limpia, ni fija, ni da esplendor

Intentaremos explicarlo, aunque ni sea fácil ni sea cómodo, ni agradable. Limpiar, en el origen del lema, significaba depurar el idioma de usos incorrectos, confusos o innecesarios. No se trataba de imponer un castellano o español rígido, sino de establecer criterios claros que facilitaran la comprensión y la alta calidad expresiva. Sin embargo, la Academia se repliega ahora hacia posiciones más descriptivas que normativas, aunque rara vez sus miembros lo admitamos en público. Esto da ocasión a debates académicos internos, a veces muy tensos, que por prudencia institucional no suelen ir más allá de la sala de plenos. Debates que a menudo han opuesto y oponen dos formas distintas de entender la RAE, su función y sus obligaciones.

El argumento habitual de un sector académico, en el que se sitúan principalmente lingüistas —aunque no se trata de grupos compactos—, es que la Academia registra el uso. El problema, replica a eso otro sector donde abundan escritores o creadores, es que registrar no es limpiar. Si todo uso mayoritario, por vulgar o incorrecto que sea, resulta automáticamente válido, la noción misma de corrección pierde sentido. Y ahí reside uno de los problemas. La actual RAE acepta construcciones que hace años habría considerado erróneas, no tras un debate lingüístico profundo, sino por presión externa. Doblegándose con demasiada facilidad y frecuencia al simple uso mediático, político o de redes sociales. El resultado es una normativa cada vez más laxa, ambigua y contradictoria, que deja al hablante sin referencias firmes, sometido a los vaivenes de las modas y, lo que es peor, a la proliferación de elementos con notable presencia pública pero con escasa formación cultural. Un tertuliano, youtuber o influencer analfabetos pueden tener más influencia lingüística que un premio Cervantes. Y no es una figura retórica exagerada. Es que realmente ocurre.

Como institución colectiva, y desde hace tiempo, la RAE ha estado esquivando la constante petición de algunos académicos —cada vez menos, pues los más combativos van falleciendo o se cansan de bregar— en los debates de los plenos de los jueves: una declaración pública anual sobre el estado de la lengua española, a modo de balance, y no para imponer normas policiales, sino para prevenir y advertir de errores y malos usos antes de que éstos sean irremediables. Pues, al no establecer límites claros, la RAE deja de proteger precisamente a quienes más necesitan normas o referencias claras: estudiantes, docentes y hablantes no nativos. Pero esa renuncia de la Academia a limpiar —advertir de las amenazas antes de que se asienten sin remedio— no responde sólo a la fría concepción científica de algunos académicos, sino también a un miedo general asentado en la RAE: miedo a parecer elitistas, conservadores o excluyentes en un ámbito cultural hipersensible, en una España y una Hispanoamérica propensas a desconfiar de toda autoridad lingüística aunque esa autoridad sea noblemente compartida por todos los componentes de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Que —a diferencia de la notoria incompetencia panhispánica del ministro español de Asuntos Exteriores, señor Albares— sí mantienen excelentes relaciones entre ellas y participan juntas en un Diccionario, una Ortografía y una Gramática milagrosamente comunes.

Fijar no es congelar la lengua.

En cuanto a la segunda palabra del lema, Fijar, no pretendía en su origen congelar la lengua, sino establecer consensos estables. Todo idioma necesita puntos de anclaje; sin ellos, se fragmenta y empobrece. Paradójicamente, hoy la RAE se muestra incómoda con la idea de fijación, y las sucesivas reformas ortográficas son un ejemplo elocuente. Cambios poco justificados, explicaciones confusas y decisiones cuestionables erosionan la autoridad académica. ¿Se escribe solo o sólo? ¿Guion o guión? ¿Mayúsculas opcionales?… La respuesta académica suele ser tibia: “depende”, “es válido”, “se recomienda, pero no es obligatorio”. Una institución que no fija, duda; y una que duda, deja de ser referencia. Además, y esto es asombroso, la RAE institucional hace caso omiso del criterio de escritores consagrados —muchos de ellos fueron en vida o son hoy académicos— para quienes la lengua era y es una herramienta con la que trabajan a diario. Sucede lo contrario: la Academia externaliza hoy parte de su función fijadora dejándola en manos de medios de comunicación y redes sociales, que se convierten en árbitros del asunto. Y con esa claudicación, en vez de orientar hacia el buen uso, la RAE lo desprecia.

Pero quizá lo más grave sea el abandono del Esplendor. Porque dar esplendor no se reduce a pulir la ortografía y la gramática y hacer un Diccionario digno y eficaz; es, también, defender la riqueza literaria, histórica y simbólica del idioma. Desde su creación en 1713, la RAE estuvo asociada a una idea de la lengua como patrimonio cultural. Hoy, lamentablemente, esa ambición parece diluida. El sector oficial de la Academia responsable de las manifestaciones y comunicaciones exteriores vive obsesionado con que nadie asigne a la RAE la palabra elitista. En consecuencia, maneja un registro cada vez más vulgar, adaptado al lenguaje de redes sociales, con respuestas rápidas, ingeniosas y a menudo superficiales. A la altura intelectual de lo que hay.

Las redes sociales, desde luego, representan el grado extremo del problema. Son espacios donde priman la rapidez, la simplificación y la falta de contexto. Útiles como indicador sociolingüístico, resultan tóxicas como modelo normativo. Sin embargo, la RAE las menciona cada vez más como prueba de uso. El lenguaje de las redes, diseñado para impactar y no para pensar, es fragmentario, caótico, pobre en matices y proclive a la incorrección, la vulgaridad y el error. Cuando la Academia lo legitima, envía un mensaje peligroso: el cuidado, el rigor, no importan; basta con que algo circule lo suficiente. Esto tiene un efecto social devastador. Si todo vale porque se usa, ¿para qué esforzarse en escribir bien? ¿Por qué leer a buenos autores, estudiar o ampliar vocabulario? La lengua deja de ser una conquista cultural, una herramienta cuidada y noble, y se convierte en reflejo automático del confuso ruido social.

Y, bueno. Los resultados están a la vista. La sumisión de la RAE a las redes deteriora su imagen. El criterio académico se hace coloquial, el rigor es negociable. Todo vale y cualquier cateto audaz puede imponerse, si persevera, a Cervantes, Galdós o García Márquez. El antes buscado esplendor exigía distancia, profundidad, autoridad y exigencia sin complejos. Además, y como postre, la RAE ha mostrado una evidente falta de liderazgo cultural frente a la avalancha de anglicismos, tecnicismos innecesarios y empobrecimiento léxico. Aunque a veces los adapta, no siempre propone alternativas convincentes o realistas —todavía me sangran los ojos ante el amago de algún académico lingüista de proponer balé para sustituir a ballet—. Y cuando las alternativas razonables son asumidas, llegan tarde o no se aplican. El mensaje implícito es de resignación: la lengua cambia, y poco se puede hacer sino seguirle el paso, aunque sea cojeando.

La politización del lenguaje

Otro de los factores negativos para la autoridad de la RAE es su relación ambigua con el debate político, sobre todo respecto al llamado lenguaje inclusivo. La resistencia académica viene siendo honorable, pero sin la contundencia propia de su autoridad. No abrir la boca es la respuesta más frecuente, y dice poco en favor de la institución que las respuestas enérgicas se dejen a la iniciativa personal de los contados académicos —Javier Marías lo hizo siempre de forma destacada— que se atreven, por su cuenta y sobre todo su riesgo, a intervenir en el debate público. En la grotesca injerencia del oportunismo político, la ignorancia y la estupidez sectaria en materia lingüística, la Academia, en vez de sostener la posición firme y argumentada de su legítima autoridad, suele situarse entre el silencio administrativo y la cautela diplomática, intentando no incomodar a nadie. Esa prudencia, o ambigüedad, es interpretada como debilidad e incluso como cobardía. Cada vez que la Real Academia Española parece más preocupada por no irritar al poder político que por su propia coherencia y obligaciones, pierde autoridad. Y no se trata de negar debates sociales, que son necesarios, sino de establecer con claridad qué pertenece al ámbito de la lengua y qué al de la ideología, y ser inflexible con quienes desde el interés partidista intentan contaminar la lengua o adaptarla a sus intereses. Al no plantar cara públicamente a ese oportunismo ignorante e irresponsable, la RAE contribuye a la confusión general y abdica de su autoridad y prestigio.

Otro síntoma inquietante es la invisibilidad intelectual de muchos actuales académicos. Históricamente, la RAE estaba integrada por figuras literarias y filológicas de primer orden, cuya autoridad provenía tanto de su obra como de su pensamiento. Hoy, aunque sigue habiendo elementos brillantes entre los lingüistas —Ignacio Bosque, Pedro Álvarez de Miranda— y también hay escritores de reconocido prestigio y notables académicos de otras especialidades, sus voces públicas suenan aisladas, cuando suenan, y la institución en su conjunto no proyecta una voz prestigiosa y sólida. Las discusiones importantes sobre la lengua se dan fuera de la Academia, en universidades, medios, redes sociales y espacios independientes. La RAE suele reaccionar tarde y mal, y rara vez lidera el debate. Ha pasado de ser un faro que guía a comentarista de lo que hay.

Pero lo más grave, en mi opinión, es que en el corazón de la Real Academia Española se registra un desplazamiento silencioso, lamentable, de su principal fuente de autoridad. Durante tres siglos, la RAE entendió que la lengua se establecía principalmente de abajo arriba, pero enriquecida, contrastada, analizada y devuelta desde arriba hacia abajo mediante la literatura, el pensamiento, la tradición escrita y el criterio de autores solventes cuya obra demostraba excelencia, precisión y capacidad de perdurar. Hoy, en cambio, entregados los aspectos técnicos de la RAE a lingüistas partidarios de asumir dócilmente cuanto ocurre y no prevenir lo que ocurra, la Academia invierte esa jerarquía: otorga más peso normativo a lo que se repite en periódicos mal escritos, titulares apresurados, tertulias descuidadas o redes sociales, que a la autoridad intelectual de escritores, filólogos y creadores que trabajaron o trabajan la lengua con rigor. Se anteponen, más de lo necesario, los usos de un tuitero analfabeto o el texto de un folleto farmacéutico mal traducido a la obra de Soledad Puértolas, Carlos García Gual, Juan Mayorga, José María Merino, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, José Manuel Sánchez Ron, Clara Sánchez, Javier Cercas y tantos otros académicos vivos o muertos.

La inversión de la autoridad lingüística

Tradicionalmente, los buenos escritores no se limitaban a utilizar la lengua española: la afinaban. La literatura era un laboratorio de posibilidades expresivas, de creación e innovación, pero sobre todo un espacio de autoridad. Un uso reiterado en Cervantes, Galdós, Borges o Vargas Llosa tenía más peso que mil ocurrencias bastardas o efímeras. La Academia observaba todo eso registrando cuanto había, pero aconsejando utilizar lo mejor. Don Manuel Seco, al que mi querido don Gregorio Salvador definió como “el académico perfecto”, abrió siempre su diccionario al lenguaje popular y su evolución natural, pero nunca perdió de vista la autoridad superior de los grandes escritores. Durante mucho tiempo —llevo 23 años en la RAE y he conocido otras épocas— los sucesivos directores de la RAE incluido Darío Villanueva, el penúltimo de ellos, mantuvieron un exquisito y útil equilibrio entre lingüistas y creadores. Hoy ocurre todo lo contrario. Los debates lingüísticos —aquellas tradicionales papeletas de toda la vida— han desaparecido de los plenos y se solventan en comisiones parciales o con decisiones casi personales, ajenas al criterio general. En 2009, cuando Ignacio Bosque iba a publicar su importantísima Gramática, todos los académicos leímos, comentamos y discutimos durante mucho tiempo el borrador. Hoy eso sería imposible: suele imponerse el hecho consumado.

Recuerdo con añoranza mi primera década en la Academia, en la que tardé años en abrir la boca si no me preguntaban. Hoy están lejos los tiempos en que los jueves suponían fascinantes discusiones de gran altura: lingüistas de categoría como García Yebra, Rodríguez Adrados, Manuel Seco, Gregorio Salvador, se medían y enfrentaban en debates inteligentes, respetables y amistosos con Camilo José Cela, José Luis Sampedro, Mario Vargas Llosa, Claudio Guillén, Carmen Iglesias, Francisco Ayala o Castilla del Pino. Ahora, lamentablemente, el núcleo de lingüistas al que la actual dirección confía las decisiones maneja con naturalidad y sin apenas control, como justificación normativa, titulares periodísticos redactados con descuido o usos masivos en redes sociales, aunque estos contradigan principios sintácticos, semánticos o estilísticos largamente asentados. La repetición cuantitativa ha sustituido a la calidad cualitativa. Se confunde frecuencia con legitimidad, visibilidad con corrección. Y esta inversión es muy grave, porque los medios de comunicación actuales —con pocas y honrosas excepciones— ya no funcionan como filtros de calidad lingüística. La presión del clic, la velocidad de publicación y la precariedad laboral han erosionado el cuidado del idioma. Que la Academia tome ese material como referencia prioritaria equivale a aceptar como patrón lo que antes habría considerado síntoma de deterioro.

Una de las actitudes más discutibles, siempre en mi opinión, es que la RAE apenas advierte ya con claridad del mal uso. Tiene verdadero miedo de hacerlo. Antes, el diccionario y la gramática no se limitaban a indicar qué se decía, sino también qué se debía o podía evitar. En el Diccionario o fuera de él constaban marcas claras: incorrecto, impropio, desaconsejado, vulgar… Hoy, esas advertencias se han atenuado o desaparecido, sustituidas por fórmulas ambiguas: se documenta, se usa, es frecuente en la lengua hablada. El problema no es admitir que un uso existe, pues la RAE está obligada a registrarlo, sino elevarlo a la categoría de aceptable o correcto sin un juicio crítico. Cuando se deja de señalar un error, el error ya no se percibe como tal: el hablante pierde herramientas para distinguir entre el descuido y el rigor, entre una solución pobre y una rica, entre una desviación ocasional y una norma consolidada. Y de ese modo la Academia ya no corrige la incorrección, sino que la acepta a toro pasado. Espera a que el mal uso se imponga por cansancio, repetición o presión mediática y entonces lo incorpora al Diccionario; no como excepción a señalar, sino como variante válida. Y así, la autoridad normativa se convierte en simple notaria del hecho consumado.

La marginación de los escritores solventes

Mientras tanto, como dije, la voz de los académicos escritores que por naturaleza son creadores, trabajadores y especialistas del lenguaje, apenas cuenta hoy en la RAE. Muchos de ellos, vivos o recientemente fallecidos, han señalado errores, empobrecimientos y banalizaciones del idioma, sólo para ver cómo el sector ahora dominante en la Academia —los talibanes del todo vale— los ignora o trata como opiniones respetables, pero irrelevantes. Durante el mandato del actual director —al que por otra parte se deben importantes logros, como la labor panhispánica en América y la salvación económica de una RAE asfixiada por el ex presidente Mariano Rajoy— se ha roto el vínculo histórico, el respeto mutuo, el equilibrio al que antes aludía entre creación literaria y técnica lingüística. Y esto es especialmente grave, porque los escritores no solo conservan la lengua: la trabajan y proyectan hacia el futuro. Son quienes exploran sus límites sin romper su coherencia. Prescindir de su criterio equivale a amputar la dimensión estética e intelectual del idioma, reduciéndolo a un mero instrumento funcional. La lengua sin autoridad literaria se vuelve plana; y una academia que no escucha a quienes mejor la manejan renuncia a dar esplendor en el sentido más profundo del término.

El proceso es siniestro: en los medios se escribe peor, la Academia lo acepta, y al aceptarlo, legitima ese empeoramiento. Al legitimar, los medios se esfuerzan todavía menos. El hablante asume que la corrección es irrelevante y reproduce usos cada vez más pobres. Pero este empobrecimiento no es sólo estilístico, sino cognitivo: una lengua descuidada piensa peor. La precisión léxica, la complejidad sintáctica y la riqueza expresiva no son adornos superfluos, sino herramientas para comprender y describir la realidad. Cuando la norma se rebaja, también se reduce la capacidad de pensar con claridad.

Decir que la Real Academia Española ya no limpia, ni fija, ni da esplendor no es negar su utilidad, su hermosa y noble historia ni su necesario futuro, sino prevenir una crisis. La lengua española no necesita una policía autoritaria, pero sí una institución capaz de establecer criterios, defender la excelencia y asumir que toda norma implica incomodar a alguien. Sin limpieza no hay claridad; sin fijación no hay estabilidad; sin esplendor no hay belleza. Si la RAE no mantiene esa triple vocación, su lema será una reliquia retórica. La Real Academia Española no perderá autoridad porque la lengua evolucione y cambie; la perderá si continúa consagrando más el ruido que el pensamiento, más el error y la vulgaridad que la excelencia. Privilegiar a periódicos mal escritos y redes sociales sobre escritores solventes y tradiciones literarias contribuirá a la pérdida de calidad del español. Mientras no practique la valentía de señalar el error en vez de certificarlo, y de sostener la autoridad superior de quienes a uno y otro lado del Atlántico mejor escribieron y escriben en nuestra lengua, la RAE será una institución útil pero traidora a sí misma: alguien que llega tarde, cuando el daño está hecho. Y una lengua que renuncia a la exigencia, el rigor y la belleza, acaba por renunciar a su grandeza.

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Arturo Pérez-Reverte es miembro de la Real Academia Española desde el año 2003.

Publicado el 12 de enero de 2026 en El Mundo.