26 de febrero de 1936: Historia de un decreto-ley

Para conmemorar el 90º aniversario de la Guerra Civil, José Ángel Mañas recrea en Zenda, día por día en esta sección, lo que aconteció en 1936, quizá el año más trascendental de toda la historia reciente de España.

Miércoles, 26 de febrero de 1936: Historia de un decreto-ley, contada por Íñigo Palencia

El triunfo del Frente Popular terminó con aquello. Uno de sus principales compromisos electorales era restablecer la vigencia del Estatut. Por eso, de las primeras tareas a realizar por el Gobierno, fue esa. Socios y amigos, y sobre todo Lluís Companys y los hombres de Esquerra, retenidos en Madrid (todos querían volver a Barcelona y tomar el ayuntamiento, si era necesario por la fuerza), urgían a Azaña a cumplir su compromiso, pero el nuevo jefe del Gobierno se negaba a actuar fuera de la legalidad. ¿Qué ejemplo estaría dando, si a la semana de ganar las elecciones el Gobierno se saltaba la legalidad, derogando una ley aprobada en las Cortes un año antes? Había que encontrar otro sistema. Y lo encontraron.

La idea fue presentar al Congreso un proyecto de decreto-ley que modificara la ley de suspensión. De esta forma, el Gobierno no derogaba una ley del Congreso, sino que proponía al poder legislativo su modificación. El momento elegido fue justo después de las elecciones, cuando las actas de los diputados aún se estaban discutiendo y la asamblea no comenzaba sus sesiones. Bastaba con la aprobación de la Diputación Permanente, órgano legislativo que suplía la ausencia del Pleno. Así empezaron los primeros contactos, recabando los apoyos necesarios. Era más fácil encontrar la mayoría necesaria para aprobar la norma en la Diputación que en el Pleno.

La sesión quedó convocada para el día veinticinco de febrero. Algunos miembros no estaban en Madrid, por lo que, informados, mandaron telegramas con el sentido de sus votos. El martes de carnaval, en fin, el Consejo de Ministros presidido por Azaña se reunió a las cuatro y media de la tarde. Tras una breve exposición, el proyecto de decreto-ley fue aprobado y preparado para ser remitido a la Diputación Permanente. El ministro de Estado, Augusto Barcia Trelles, fue el encargado de presentarlo.

La reunión se convocó a las seis y media. Antes del comienzo, el miembro del partido radical Santiago Alba, como presidente en funciones del Congreso, se reunió en su despacho con otros miembros de la Diputación. El ministro de Estado presentó entonces el proyecto del Gobierno. A renglón seguido, Miguel Maura, fundador y cabeza visible del minoritario Partido Republicano Conservador, propuso una enmienda al texto por la que no solo se restituía la Generalitat, sino que se permitía una nueva convocatoria de las Cortes catalanas, para que éstas, a su vez, nombrasen un nuevo gobierno regional, sin renovar en sus puestos a los destituidos. La enmienda frustró en parte las intenciones del Ejecutivo, y Barcia no supo pronunciarse. De modo que la discusión se suspendió, a la espera de que el prudente ministro de Estado recabase la opinión del Gobierno.

Y de esta forma llegamos al día veintiséis, miércoles de ceniza, que fue cuando Barcia informó, efectivamente, en presidencia, de lo sucedido con la enmienda de Maura. El Gobierno, liderado por Azaña, consideró aceptable la enmienda. La Diputación Permanente volvió a reunirse y, esta vez sí, el decreto-ley que restablecía el estatuto de autonomía catalán fue aprobado. Y solo tuvo un voto en contra.

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