25 de marzo de 1936: Incautaciones nocturnas en Badajoz

Para conmemorar el 90º aniversario de la Guerra Civil, José Ángel Mañas recrea en Zenda, día por día en esta sección, lo que aconteció en 1936, quizá el año más trascendental de toda la historia reciente de España.

Miércoles, 25 de marzo de 1936: Incautaciones nocturnas en Badajoz

A primera hora de una madrugada fría y húmeda, centenares de afiliados se concentraron en diversos puntos de las afueras del pueblo con azadas y hoces para ocupar fincas. La aurora los sorprendió marcando con postes y maderas las parcelas. Cuando empezaron a sonar las campanas de las iglesias y a despertar los pueblos, hicieron caso omiso de las advertencias de los guardias civiles que se acercaban con sus fusiles y trasladaron las noticias a los ayuntamientos. Las autoridades se telefonearon de pueblo a pueblo, y de estos a Badajoz, y de Badajoz a Madrid, con consultas precipitadas y una alarma creciente.

—¿O sea que no hacemos nada, Manolo? ¿No los desalojo ni les envío a la Guardia Civil? ¿Y qué pasa con las actas de incautación que nos presentan?

Las actas las traían los sindicalistas. Algunos alcaldes las firmaron con el consiguiente júbilo de los trabajadores que, organizados y armados, pensaron que llegaba la revolución. Más que vítores a la República, lo que se oía era: «¡Viva Rusia!» y «¡Vivan los bolcheviques!». Si acaso, el «¡Viva la anarquía!» de algún sindicalista, aunque a distancia, porque los enfrentamientos con los socialistas seguían.

—Es una desgracia, es inconcebible.

Las gentes de orden se sentían desamparadas ante tanto campesino armado. Pero a medida que se acercaba la hora de comer, la tendencia cambió.

Alguien en el Ministerio de la Gobernación o en el Gobierno entendió la importancia de lo que ocurría. Empezaron a llegar contraórdenes y las primeras llamadas del gobernador civil. El hombre, desaparecido durante horas, de repente se multiplicó en el teléfono, hablando con los alcaldes y amenazando a los sindicatos y las Casas del Pueblo con declarar el estado de guerra.

—¡Me da igual lo que digan! Esto está penado en el Código Penal vigente, en los artículos 509 y 510. ¿Quiere que se los lea? «Al que con violencia o intimidación a las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real de ajena procedencia…», «el que alterare términos o lindes de pueblos…», etcétera.

Al caer la noche, un diputado socialista, Nicolás de Pablo Hernández, se puso en pie para protestar airadamente, en nombre de su partido y de buena parte del Frente Popular, en el Congreso de la carrera de San Jerónimo, ante el Gobierno. Con mucha arrogancia, dijo:

—Os requerimos, señores republicanos, para que hagáis valer vuestra influencia a fin de que se dé inmediata validez legal al estado de hecho de que os damos cuenta.

A su lado estaba el jefe de la UGT, Francisco Largo Caballero, el compañero Caballero, flamante presidente de la minoría socialista, con cara ausente, como si no fuera con él. Indalecio Prieto, don Inda para sus íntimos, en un banco cercano, miró hacia otro lado.

Los dos socialistas, a esas alturas, ni se hablaban.

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