Notas acerca de la universidad del futuro

Pero lo cierto es que, en el contexto del ámbito académico —del que formo parte en un universo paralelo—, las cosas no funcionan exactamente así.

Vaya por delante la afirmación de que la investigación es fundamental; es el motor del desarrollo social y medio para resolver los problemas que complican la vida del ser humano y del resto de las especies (por no hablar directamente del conjunto del planeta), o que contribuye a mejorarla. Ahora bien, ¿en qué momento la investigación útil ha degenerado en una carrera por los índices de impacto y la presencia de las universidades en rankings diseñados ad hoc? ¿Por qué la LOSU, que tiene que acabar de implementarse este curso académico 2023/24, parece que tampoco ha sabido encontrar soluciones satisfactorias dentro del panorama nacional?

El propósito principal de estas notas es señalar algunas deficiencias del modelo científico actual y sugerir algunas medidas y alternativas de cara a configurar la universidad del futuro.

Comencemos con un caso que, si bien parece sacado de una novela de espionaje, no tiene nada de ficticio.

En marzo de 2023, varios medios publicaron diversos artículos donde se explicaban las razones por las que algunos de los investigadores españoles más citados habían sido suspendidos de empleo y sueldo por un periodo de trece años por firmar sus estudios como investigadores de universidades como la Rey Saúd, en Arabia Saudí, pese a tener un contrato como funcionarios en una universidad española. La finalidad de toda esta trama no era otra que impulsar a la mencionada universidad saudí en los rankings de calidad internacionales.

El caso, examinado por la consultora afincada en Barcelona SIRIS Academic, no afecta exclusivamente a España: salpicó a prominentes científicos de varios países y el número de casos creciente sigue dando a fecha de hoy muchos quebraderos de cabeza a la comunidad científica internacional.

Lejos de suponer que se trata de un caso aislado o un ejemplo puntual de mala praxis, se puede considerar como la consecuencia lógica, perversa si se quiere, de un sistema que se basa en un modelo cuantitativo, fiel al lema «publicar o perecer»; esto es, el paper como única vía de promoción y estabilización universitaria. Un modelo que fomenta —al menos de manera potencial— malas prácticas, tales como el secreto a voces de catedráticos que firman los trabajos de sus doctorandos y becarios; el recurso a la «red de citas» (yo te cito a ti, tú me citas a mí), que tanto potencia la endogamia y el clientelismo; o los curriculum vitae «dopados» gracias a la inclusión de investigadores fantasma —en muchos casos de otras áreas y disciplinas que nada tienen que ver— sólo para que su producción cuantitativa aumente (lo que puede dar lugar, en casos extremos, y si se me permite una ligera dosis de humor, a trabajos tan exóticos como «El impacto del Romancero gitano en el tratamiento de la pancreatitis en felinos», por usar un ejemplo ficticio tan gracioso como plausible).

Si a esto añadimos la creciente presencia en el ámbito educativo de la Inteligencia Artificial y herramientas como ChatGPT, la supuesta excelencia académica basada casi de manera exclusiva en la producción de papers da claras muestras de agotamiento (con el resultado de un exceso de lo que se denomina research waste, esa investigación sin apenas impacto o que no reporta el menor beneficio social o utilidad pública). Y no debe olvidarse que gran parte de la financiación de este tipo de investigaciones procede de organismos y fondos públicos.

Desde este punto de vista cabe preguntarse, pues, ¿a quién beneficia en última instancia el modelo actual?

La publicación en revistas con alto índice de impacto es un negocio millonario y, en gran medida, está monopolizado por un grupo muy reducido de editoriales. El fenómeno tiene un alcance internacional, e incluso el premio Nobel de medicina Randy Schekman puso de manifiesto los peligros de dicho oligopolio, movido por una búsqueda de beneficios económicos por encima de cualquier otro factor.

El elevado coste de publicar en algunas de las revistas más prestigiosas —o con mayor índice de impacto— hace que se cuestione la excelencia del modelo. Y no sólo eso: puede implicar que parte de los fondos destinados a la investigación se dediquen, en última instancia, a la publicación (cabe señalar que los autores de tales artículos, así como gran parte de los evaluadores de los mismos, no cobran por ello; el «premio» es publicar).

La consecuencia es que, de un modo tácito e indirecto si se quiere, se premia la cantidad frente a la calidad —calidad o impacto que viene cuantificada por organismos motivados en gran medida por el beneficio económico (véase el caso de Clarivate, la agencia que figura en la trama de las universidades saudíes)—.

A fin de ilustrar este extremo, cabe señalar que muchos de los intentos de plantear un sistema de ciencia abierta y modelos de open access han sido repetidamente entorpecidos por algunas de las principales editoriales, como Elsevier, siendo bien conocidos los casos del tristemente desaparecido Aaron Swartz o de Alexandra Elbakyan.

En cualquier caso, tampoco la gratuidad absoluta a la hora de la publicación o acceso al material publicado subsanaría por completo las deficiencias de un sistema que puede percibirse como ensimismado y alejado de los intereses del conjunto de la sociedad.

Teniendo en cuenta este marco, ¿qué medidas o alternativas cabe plantear? 

Si se considera, especialmente en el caso de las universidades públicas, que la institución se debe en gran medida a la sociedad, a través de cuyos fondos públicos se financia, resulta claro que se impone la necesidad de equilibrar sus múltiples dimensiones, sin hipertrofiar ninguna de ellas.

Por una parte está claro que debe haber un espacio para la experimentación, para la investigación libre y creativa; para el laboratorio en el que tengan cabida el ensayo y error. Y por supuesto, para la publicación de tales resultados.

Ahora bien, la universidad también debe fomentar la —en gran medida residual a fecha de hoy— esfera de transferencia al conjunto de la sociedad a la que se debe; impulsar el valor de la docencia (por lo demás demasiado enfocada a la teoría y muy poco a la práctica, de acuerdo con los datos arrojados por el último barómetro del CYD), de la divulgación de calidad, de la transferencia del conocimiento y el desarrollo de patentes (u obras de creación artística, según la disciplina, en lugar de fomentar un modelo que, recurriendo de nuevo al humor, premiaría antes a alguien que hubiera escrito un puñado de artículos sobre Steven Spielberg antes que al propio cineasta), promover la transición al tejido empresarial y laboral, así como la empleabilidad de los egresados y, en definitiva, todos aquellos procedimientos que pongan el saber al servicio de la ciudadanía y que permitan hacer frente a los nuevos desafíos de las sociedades contemporáneas.

La universidad española lo ha hecho bien, dada la legislación vigente y una financiación insuficiente. Pero todavía puede dar un paso más.

Todavía podemos ser pioneros en la universidad del futuro.

Tal vez así, y para concluir con otro guiño a Elizabeth Zott en Lecciones de química, un porcentaje mayor del conjunto de la ciudadanía se lea esos artículos científicos de cabo a rabo y, finalmente, nuestras universidades puedan ocupar algún lugar destacado en los rankings de calidad internacionales.