Premios venidos a menos

Hay importantes galardones que debido a la mala gestión de sus organizadores acaban perdiendo el prestigio y la dimensión con la que nacieron. Es lo que está camino de ocurrirles al Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines y al Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa, a los que se les quiere reducir el alcance limitando su convocatoria a ámbitos locales que siegan de un plumazo la estatura de los nombres que en un principio querían que mediante ellos llegaran a cuanto más público, mejor. Por esa razón, la comunidad cultural mexicana ha puesto el grito en el cielo provocando una respuesta inmedia de escritores, poetas, periodistas, traductores y promotores culturales, quienes demandaron a las autoridades de Chiapas, responsables de estos entuertos, a revertir los cambios al considerar que representan un retroceso para la vida literaria del país, y en un pronunciamiento dirigido al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y a los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de Figueroa, los firmantes sostienen que restringir el alcance geográfico de ambos premios disminuye su prestigio y rompe con una tradición que durante décadas permitió la participación de autores de distintos países y regiones. En el caso del Premio Jaime Sabines la inconformidad es mayúscula, ya que desde su creación, en 1988, el certamen había logrado consolidarse como un espacio de relevancia para la poesía en español, al que enviaban sus obras poetas de todo el mundo de habla hispana, por lo que para los inconformes resulta contradictorio que, en el marco del centenario del nacimiento de Jaime Sabines, las autoridades hayan optado no por mejorar su convocatoria, sino por reducir su horizonte al limitar la participación únicamente a autores mexicanos, lo que implica renunciar al intercambio de voces provenientes de países como España, Argentina, Colombia, Cuba o Chile, cuya presencia enriquecía la competencia y ampliaba el diálogo de la poesía contemporánea en lengua española. Pero la cuestión no queda ahí y la inconformidad cuestiona la incorporación de una serie de cláusulas de “retribución social” obligatoria para los ganadores, al considerar que así se convierte un reconocimiento literario en una contraprestación laboral. El argumento recuerda que, en abril de 2026, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura eliminó disposiciones similares de sus principales certámenes después de las críticas del gremio, que sostuvo que un premio reconoce una obra ya realizada y no debe generar obligaciones adicionales para los autores. Otro de los puntos críticos es la inclusión de cartas bajo protesta de decir verdad en las que los participantes deben declarar no contar con denuncias públicas o sanciones relacionadas con violencia de género, una exigencia que a todas luces rebasa las atribuciones jurídicas de las instituciones culturales y vulnera principios básicos del debido proceso al establecer filtros de carácter moral ajenos a la naturaleza de un concurso literario. Por otra parte, se cuestiona la permanencia del envío exclusivamente físico de los trabajos, una medida ya muy trasnochada que evidentemente limita la participación de autores e incluso contradice criterios de sostenibilidad ambiental, un hecho que en multitud de certámenes se ha resuelto fácilmente habilitando el registro digital para facilitar la participación de los autores, que ahorran no solo papel, sino dinero que en muchos casos les hace falta. El colectivo que ha enviado la carta de protesta, firmado por decenas de figuras reconocidas de la literatura y el periodismo como los poetas Mikeas Sánchez, María Rivera, José Ángel Leyva, Jorge Esquinca, Hernán Bravo Varela, Rogelio Guedea, Luis Armenta Malpica y Alí Calderón, además de periodistas, traductores, promotores culturales, artistas visuales y ganadores de ambos certámenes, sostiene con razón que la movilización colectiva del sector cultural ha demostrado en otras ocasiones que las decisiones administrativas no son ley y pueden modificarse cuando existe un consenso amplio entre creadores y especialistas, y sostienen que “cuando la comunidad literaria se une de forma colectiva, la burocracia cultural cede”. Así pues, la cuestión está en manos de las autoridades, quienes deben decidir si actúan democráticamente escuchando al gremio cultural o imponen sus criterios en un desplante de pormisgüevismo. Los inconformes solo quieren lo siguiente: eliminar las cláusulas que consideran ambiguas o arbitrarias para valorar la conducta de los concursantes; retirar las obligaciones de retribución social; permitir el envío digital de las obras; devolver al Premio Jaime Sabines su carácter internacional; restituir el carácter nacional del Premio Rodulfo Figueroa; y crear una Cátedra Internacional Jaime Sabines de carácter permanente que fortalezca el estudio, la difusión y la proyección internacional de la obra del poeta chiapaneco. ¿Serán capaces de escuchar? Ya veremos.