Los legisladores griegos arcaicos y la inteligencia artificial

I

La República se había instaurado apenas quince años antes, tras la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, en 509 a. C., poniendo fin a la monarquía que, según la tradición, había regido Roma desde su fundación en 753 a. C. En el nuevo orden, los patricios se arrogaron todos los derechos y se reservaron para sí todo el poder político: monopolizaron las magistraturas, se las ingeniaron para controlar el Senado y ocuparon los principales sacerdocios. Los plebeyos, en cambio, quedaron excluidos de los cargos públicos y de la toma de decisiones, a pesar de soportar la carga fiscal, contribuir a las obras públicas y servir en el ejército, lo que generó un creciente descontento que desembocó en el llamado “conflicto de los órdenes”.

La tensión social en Roma estalló cuando los plebeyos, agobiados por las deudas y los abusos de los patricios, se rebelaron. Tras una campaña victoriosa contra los ecuos, el ejército (compuesto en su mayoría por plebeyos) abandonó a sus mandos y se retiró a la región de la Crustumeria, donde se plantearon fundar una ciudad propia. La amenaza de una guerra civil obligó al Senado a ceder, lo que llevó, por un lado, a la creación de la institución de los tribunos de la plebe y, por otro, al compromiso de reunir en un único cuerpo las leyes civiles.

Obviamente, la codificación escrita del derecho civil tenía como finalidad evitar la inseguridad jurídica de los plebeyos y frenar la impartición arbitraria de la justicia por los magistrados (habitualmente) patricios; es decir, prevenir el abuso de los poderosos sobre los débiles. Fue un proyecto que se aplazó durante años debido a la reticencia de los patricios, y cuando finalmente se decidió llevarlo a cabo, los romanos dirigieron su mirada a aquellos a quienes consideraban que tenían autoridad: los griegos.

En el año 454 a. C., el Senado envió una embajada a diversas ciudades griegas para estudiar sus leyes y traer de allí los modelos necesarios para elaborar su propio código. Durante los dos siglos anteriores, en varias polis griegas se había desarrollado una intensa labor legisladora destinada a regular tanto lo privado como lo público. Esa actividad normativa se había personificado en una serie de figuras (más o menos históricas y posteriormente mitificadas) que, según la tradición, habrían dado leyes a ciudades concretas. Los griegos honraban las leyes de sus ciudades y consideraban un privilegio regirse por ellas, venerando por ello a sus legisladores.

Al parecer, este proceso codificador había comenzado antes en las colonias de la Magna Grecia que en las metrópolis, pues estas necesitaban atraer colonos y, para lograrlo, debían garantizar un marco de seguridad jurídica que evitara el abuso de los nobles. Una legislación justa, escrita y codificada se convertía así en un reclamo para quienes buscaban asentarse en ellas. La elaboración de leyes se transformó en un instrumento de prestigio y de competencia entre ciudades, que veían en la calidad de su ordenamiento jurídico no solo una garantía de orden interno, sino también un atractivo para nuevos pobladores.

Según el historiador Tito Livio, la embajada romana estaba formada por Spurius Postumius Albus Regillensis, Aulus Manlius Vulso y Servius Sulpicius Camerinus Cornutus. Los tres eran patricios pertenecientes a familias de la alta aristocracia republicana y habían ejercido previamente el consulado, pero las fuentes antiguas apenas ofrecen más información sobre ellos.

La primera ciudad a la que se dirigieron fue Locros, en la Magna Grecia, a la que el legislador Zaleuco había dado leyes un par de siglos antes. De Zaleuco (y de su código, considerado el primero escrito de Europa) se conoce muy poco, tan sólo unas menciones por parte de Aristóteles y otros autores clásicos. Entre lo que ha perdurado, destaca el riguroso procedimiento establecido para la revisión constitucional, pues exigía que quien propusiera una reforma al consejo debía acudir con una soga al cuello, y si la reforma no prosperaba, se le ajusticiaba ahorcándolo con su propia soga. No sorprende que la constitución se mantuviera intacta durante más de quinientos años. Con todo, y pese a ciertos excesos, las leyes que Zaleuco habría dado a sus conciudadanos debieron de considerarse justas, pues los locrios lo veneraban.

La siguiente parada de la embajada debió de ser Catania, en Silicia, a quien Carondas (inspirado, según la tradición, por Zaleuco) había dado sus leyes. Siendo Carondas (además de legislador) poeta, había tenido la inspirada idea de escribir las leyes en verso, para que fueran más fáciles de aprender y memorizar y, además, se pudieran cantar en los simposios. El éxito de las leyes en verso de Carondas debió de ser arrollador, pues las mismas se adoptaron por muchas colonias griegas en Italia y Sicilia.

Luego la embajada pasó a la Grecia continental, aunque se obvió (luego referiremos los motivos) visitar la ciudad-estado de Esparta, donde el legislador Licurgo (según la tradición) había llevado a cabo, un siglo antes, una auténtica revolución política sin paralelo en ninguna otra polis griega.

Sobre Licurgo se duda incluso de su existencia histórica, y el propio Plutarco, en sus Vidas paralelas (donde lo empareja con Numa Pompilio, segundo rey de Roma) afirma que «nada absolutamente puede decirse que no esté sujeto a dudas acerca del legislador Licurgo». La mayoría de los historiadores sitúan a Licurgo entre el siglo VII y VI a. C., en el contexto de las guerras mesenias. La Wikipedia le atribuye una frase cuya fuente no queda del todo clara, pero que resulta pertinente para comprender los motivos que subyacieron en la reforma licurguea: «La exitosa campaña contra Mesenia no debe su éxito a los ricos aristócratas, que cabalgaban egocéntricamente sobre sus enormes caballos; no, fueron los ciudadanos del común, los valerosos campesinos y soldados espartanos, que no tenían dinero suficiente para comprar un caballo y cuyo escaso patrimonio solo les alcanzaba para una lanza, una espada y un hoplon; son ellos quienes se merecen todos los honores». En efecto, las reformas atribuidas a Licurgo perseguían, por un lado, garantizar la seguridad de la ciudad frente a las revueltas de los levantiscos ilotas (los mesenios sometidos) y, por otro, asegurar la igualdad entre los ciudadanos (eunomía) frente a las ambiciones de la aristocracia.

Para la consecución del primero de sus objetivos, Licurgo dispuso el reparto igualitario de la tierra. Para ello persuadió a sus conciudadanos de que, «presentando el país todo como vacío, se repartiese de nuevo, y todos viviesen entre sí uniformes e igualmente arraigados, dando el prez de preferencia a la sola virtud…» (Vidas paralelas, Plutarco). Además, abolió el dinero (que consideraba germen de perniciosos lujos e indeseados crímenes) valiéndose de un ingenioso procedimiento que hacía que perdiera su operatividad práctica. Según relata Plutarco, Licurgo «anuló toda moneda antigua de oro y plata, ordenó que no se usase otra que la de hierro, y a esta, en mucho peso y volumen, le dio poco valor; de manera que para la suma de diez minas se necesitaba un cofre grande en casa y una yunta para transportarla».

Para garantizar la defensa de la ciudad frente a una eventual rebelión de los ilotas, Licurgo dispuso que el Estado asumiera la educación (que, siempre según Plutarco, el legislador consideraba la función más preciosa del legislador) de los niños a partir de los siete años, con el fin de transformarlos en auténticas máquinas de guerra. La instrucción se prolongaba hasta los veintiún años, edad en la que se adquiría la condición de ciudadano y el derecho (y la obligación) de llevar túnica roja y el pelo largo, signos distintivos de los orgullosos espartanos. Los hoplitas de Esparta mantuvieron a los mesenios subyugados durante siglos y fueron prácticamente invencibles hasta que los tebanos de Epaminondas los derrotaron en la batalla de Leuctra (371 a. C.), poniendo fin a la hegemonía militar espartana. Pero esa es ya otra historia.

Con las reformas atribuidas a Licurgo, Esparta se convirtió en un estado comunal y profundamente militarizado, en el que se suprimió la familia como núcleo educativo, el dinero, el lujo, la música, la poesía y hasta el lenguaje ornamentado (imponiéndose el laconismo)… A pesar de estas severas restricciones y la subordinación del individuo a los intereses del estado, Plutarco destaca que Esparta «sobresalió en Grecia en gobierno y en gloria durante los quinientos años en que observó las leyes de Licurgo».

Cabe preguntarse por qué entonces la embajada omitió visitar Esparta. La razón más plausible es que esta carecía de leyes escritas. Las reformas de Licurgo, por mandato expreso del propio legislador, debían mantener un carácter oral y consuetudinario, por lo que no debían formalizarse por escrito. Esto impedía cumplir uno de los requisitos esenciales de la misión: examinar códigos legales escritos y sistematizados. No obstante, diversos autores clásicos advierten la influencia de las leyes espartanas en el derecho romano.

Finalmente, la embajada recaló en Atenas, a la que el legislador Solón —uno de los llamados “Siete Sabios de Grecia”— había dado sus leyes (que habían evitado un conflicto civil en la poli (stásis)). Sobre el año 450 a. C., Atenas se encontraba en el apogeo de su poder político, militar y cultural. Tras las Guerras Médicas, Atenas lidera la Liga de Delos, una alianza naval entre polis griegas inicialmente creada para defender a Grecia de Persia y que terminó (junto a su tesoro) sirviendo a los propios fines de la ciudad. Es la época de Pericles, de la construcción de la Acrópolis y de la consolidación de la democracia ateniense. Atenas debió de impresionar a los embajadores romanos por su urbanismo ordenado, sus templos de mármol y sus calles pavimentadas, pues Roma distaba entonces de ser la ciudad monumental cuyos ruinosos vestigios todavía perduran. En comparación, la joven Roma republicana debía de parecerles poco más que un villorrio.

Cuando llegó la embajada, las reformas protodemocráticas de Solón habían sido desarrolladas por otros legisladores que habían avanzado en la ampliación de la participación ciudadana en el gobierno de la ciudad, fundamentalmente Clístenes, Efialtes y, finalmente, Pericles. Sostiene Paul Cartledge que “no fue hasta después de las reformas propuestas a finales de la década del 460 a. C. por Efialtes, con Pericles como su ayudante, cuando Atenas alcanzó realmente un sistema de gobierno que podía ser calificado correctamente de democrático”. Además, previamente a Solón había existido un legislador llamado (o apodado) Dracón, célebre por su severidad y por su obsesión por la pena capital, pero que fue el precursor de la legislación escrita que garantizaba una cierta seguridad jurídica para todos los ciudadanos.

Sin embargo, los romanos no estaban tan interesados en las modernas instituciones democráticas atenienses como en aquellas que limitaban el poder de las élites, garantizaban procedimientos judiciales más equitativos y contribuían a reducir los conflictos sociales, que eran las que había instaurado Solón.

Solón fue, como Carondas, poeta antes que legislador, y en sus poemas se pueden vislumbrar sus ideales políticos: la moderación, el sentido de la justicia, el buen orden y un rechazo frontal a la tiranía. Hacia el año 600 a. C., Atenas atravesaba una profunda crisis social y económica que amenazaba con desembocar en un conflicto civil. En ese sentido, la situación no era muy distinta de la que vivía Roma cuando se decidió enviar la embajada a Grecia. Solón fue nombrado por aclamación popular arconte extraordinario, con poderes excepcionales para reformar el sistema y restaurar la cohesión de la ciudad. Sus reformas no fueron tan extremas como las de Licurgo en Esparta, pues ni procedió al reparto de tierras (como reclamaban los más pobres) ni estableció una igualdad plena ante la ley.

Paul Cartledge sostiene que en el conflicto ateniense mediaban tres grupos: la vieja aristocracia eupátrida, los nuevos ricos y las masas más o menos empobrecidas. Solón, jactándose de su moderación, afirmaba que en sus reformas daría a cada parte solo lo que merecía, no lo que exigía. Lo primero que hizo, según Plutarco, fue abolir las leyes de Dracón por el excesivo rigor de sus penas, salvo lo relativo a los homicidios, que mantuvo vigente. A continuación, procedió a liberar de las cargas a las masas de pobres endeudados y prohibió en adelante la servidumbre por deudas. Al pueblo le concedió, además, acceso a una Asamblea (la Helia), tribunal de apelación respecto de las resoluciones de los funcionarios, habitualmente aristócratas. A los nuevos ricos les dio acceso al arcontado anual y, por tanto, al Consejo del Areópago, compuesto por exarcontes. Pero mantuvo ciertas prerrogativas de la vieja aristocracia y el acceso a algunos cargos en función del nacimiento, incluidos los principales sacerdocios públicos.

Con todo ello, quiso contentar a todos moderadamente y, según Plutarco, «dio valor a sus leyes para cien años, y las hizo escribir en maderos cuadrados, colocados en nichos que pudiesen girar… dándose el nombre de tablas», asegurando así su publicidad y reforzando la seguridad jurídica.

II

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) constituye un punto de inflexión tan crítico para la humanidad que, en el futuro, nuestra propia cronología terminará reorganizándose en torno a esta marca. Del mismo modo que hoy distinguimos entre el antes y el después de Cristo, acabaremos refiriéndonos a los acontecimientos como anteriores a la aparición de la IA (A.IA.) o posteriores a ella (D.IA.). La invención de la IA es la apoteosis del ingenio humano y también el inicio de su decadencia, pues en el futuro nuestras limitadas facultades intelectuales serán sustituidas por las supuestamente ilimitadas capacidades de la máquina. La IA no sólo determina y compromete nuestro porvenir, sino también la posición de la humanidad dentro del tiempo histórico. 3 de diciembre de 2012 (el nacimiento del deep learning moderno), apunten esta fecha, es la que la propia IA señala como el inicio de una nueva era.

La influencia de la IA se prevé total, afectando prácticamente a todos los ámbitos de la existencia humana, pero si nos centramos en las consecuencias más inminentes y preocupantes, dos destacan por encima de las demás: la sustitución del trabajo humano por sistemas automatizados de inteligencia artificial y la acumulación descomunal de la riqueza en unos pocos.

La IA podría desencadenar una disrupción laboral sin precedentes (de hecho, ya lo está haciendo), conllevando una destrucción masiva del trabajo humano y un porcentaje del desempleo en torno al 30-40 %. Las predicciones más pesimistas apuntan a un impacto inicial especialmente devastador en los empleos de “cuello blanco”: programadores, diseñadores, consultores, abogados, auditores, contables, gestores… Estas previsiones no son mías, provienen de organismos internacionales, gurús tecnológicos y líderes del sector, y reflejan escenarios donde la automatización avanza más rápido que la capacidad de adaptación de las sociedades.

Según los expertos, la IA no solo transformará procesos productivos, sino que extremará el reparto (ya injusto) de la riqueza. Su impacto económico concentrará los beneficios en quienes poseen la tecnología y empobrecerá a quienes dependen del trabajo (especialmente el intelectual) para ganarse la vida. Simplificando, la IA provocará una fuerte polarización de la riqueza: habrá menos ricos, pero mucho más ricos, y al mismo tiempo crecerá el número de pobres. La IA ampliará la distancia entre quienes controlan la tecnología y el resto, creándose dos clases: la aristotecnocracia y el populacho plebeyo y precarizado.

Pues bien, el escenario que se plantea no es muy distinto al descrito al inicio de este artículo en la joven república romana y en la Atenas de Solón: desigualdad acuciante, tensiones sociales e inestabilidad política. Es cierto que las causas de entonces y las que se plantean ahora son distintas, pero las consecuencias pueden ser similares: una sociedad dividida entre una minoría cada vez más minoritaria y más rica y una mayoría cada vez más mayoritaria y más pobre. Este cóctel suele detonar soluciones revolucionarias, espontáneas y violentas, que derivan en destrucción y derramamiento de sangre y que, por lo general, solo sustituyen una élite por otra sin resolver los problemas de fondo; desenlaces nada deseables que hay que evitar. Dado que nos enfrentamos a un panorama similar, la solución debe pasar por una acción legislativa contundente, implantando políticas audaces de regulación y redistribución.

Los gobiernos y organismos internacionales están empezando tímidamente a regular la IA mediante leyes de control del riesgo, normas de transparencia, obligaciones para las grandes tecnológicas (aunque todo está aún en fases iniciales). La UE ha aprobado el primer marco jurídico global para regular la IA, centrado en controlar riesgos y proteger derechos, que según los expertos ya estaría trasnochado. Por su parte, EEUU ha optado por un modelo menos rígido pensando únicamente en los beneficios, pero en 2023 publicó una Orden Ejecutiva presidencial para controlar riesgos y exigir transparencia a las grandes empresas de IA, mientras que China está aplicando una de las regulaciones más estrictas y centralizadas del mundo, pero enfocada, cómo no, en controlar el contenido y el uso social de la IA e impulsar su desarrollo estratégico bajo supervisión estatal.

En conclusión, no hay (ni es posible) una respuesta regulatoria global (que sería, como en tantos otros asuntos, como la emergencia climática, tan necesaria) y, por ahora, se está obviando regular respecto a la destrucción masiva del empleo y a la concentración de la riqueza.

Prohibir la IA no parece la mejor solución (por ahora), pero es necesario controlar y limitar su implantación, cuidando del empleo existente, redistribuyendo la riqueza generada por la IA e implementando nuevas protecciones sociales frente al desempleo tecnológico.

La secuencia de acciones a adoptar es clara: (i) mantener por un porcentaje mínimo de empleo humano, limitando la automatización indiscriminada; (ii) establecer contribuciones especiales sobre los beneficios de las grandes tecnológicas e implantar un impuesto a la automatización; y (iii) articular un sistema de protección social adaptada a la era de la IA, con prestaciones adecuadas al desempleo tecnológico y garantizando una renta (no tan) básica para la ciudadanía, sistema que se financiaría precisamente con los fondos obtenidos a través de los impuestos a la automatización.

Dicho así parece sencillo (en caso de que lo parezca), pero no lo es. Se requieren soluciones estructurales complejas impulsadas por legisladores audaces. Esta no es una llamada a salvapatrias particulares (personalidades providenciales abstenerse), sino a las instituciones nacionales e internacionales para que comiencen a regular el mundo que viene antes de que sea tarde.

Para que sirva de brújula y guía para los legisladores por venir, vienen aquí a colación las reflexiones atribuidas a Licurgo y a Solón sobre la labor legislativa. Licurgo sostenía que «lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a su propósito». Por su parte, Plutarco refiere a propósito una anécdota sobre Solón que paso a referir: «Supo esto Anacarsis, y se rio del cuidado de Solón y de que pudiera pensar que contendría las injusticias y codicias de los ciudadanos con los vínculos de las leyes, que decía no se diferenciaban de las telas de araña, sino que, como estas, enredaban y detenían a los débiles y flacos que con ellas chocaban, pero eran despedazadas por los poderosos y los ricos. A esto se dice haber contestado Solón que los hombres guardan los contratos cuando no tiene interés en quebrantarlos ninguna de las partes, y él había de tal modo unido las leyes con los intereses de los ciudadanos que todos conocían estarles mucho mejor que quebrantarlas el obrar con justicia».

Cuando los embajadores volvieron a Roma con los modelos que traían de las polis griegas, se inició un proceso legislativo que desembocó en la Ley de las XII Tablas, que reguló y permitió la convivencia del pueblo romano. El efecto inmediato de la codificación fue aplacar las tensiones entre patricios y plebeyos, evitando conflictos sociales y fortaleciendo la cohesión interna de la República, lo que a la larga permitió a Roma erigirse en una potencia y, posteriormente, en un imperio. Las XII Tablas se convirtieron en el fundamento del derecho civil romano, que evolucionó durante siglos hasta consolidarse en el Código de Justiniano y que constituye hoy la base del derecho privado europeo, recogido en el Código Civil español de 1889, el cual, en el año 14 D.IA., sigue regulando la relación entre particulares.