Rafael Méndez: “Los altos funcionarios son los dueños del Estado”

Hablamos con Rafael Méndez de abogados del Estado que consiguen que a las tres de la tarde sea de noche, sobre la cara B de la industria política y acerca de Chitín, los oídos de Florentino Pérez en un lugar donde el presidente del Real Madrid no estaba invitado.

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—¿Quiénes son los dueños del Estado?

—El Estado tiene varios dueños. Unos de ellos son los altos funcionarios, que mandan mucho, más de lo que parece, y dentro de sus cuerpos han constituido sus propias normas. Son un Estado dentro del Estado. De alguna forma, son el primer nivel del engranaje entre la política y la administración. Los políticos siempre han intentado tener buena relación con ellos porque los necesitan: la complicidad con el abogado del Estado en un ministerio es muy importante, porque en caso contrario te puede poner muchísimas trabas. Es la persona que puede hacerlo todo más fácil. Como le ocurre a un alcalde con su interventor, que es un funcionario. Estos contrapesos están muy bien, que haya un abogado del Estado, cuyo puesto no depende del ministro, y tenga la facultad para decir “esto no se puede hacer”. Pero eso ha llevado a que se les haya permitido cosas como tener despachos privados a la vez y transitar de lo público a lo privado de un día para otro. Y nadie ha puesto ni control ni luz sobre ellos. Y en ese sentido, por eso son los dueños del Estado.

—Cuéntenos lo de los abogados del Estado que afirman que a las tres de la tarde es de noche si se lo pide un ministro. 

—Eso me lo contó un secretario de Estado. Este hombre me decía que su abogado del Estado era buenísimo. Si un abogado del Estado dice que algo no se puede hacer, es muy difícil que el político lo lleve adelante porque se mete en un problema. Este secretario de Estado me decía que cuando le comentaba a su abogado del Estado que necesitaba que fuera de noche, éste le respondía que bueno, pues teniendo en cuenta el eje de rotación de la Tierra, si bien no es de noche, se puede decir que pronto lo va a ser. Entonces, como en derecho todo es opinable… (Risas) Luego los tribunales dirán lo que sea y, a lo mejor, anulan esa decisión del político, pero una vez que tu abogado ha dicho que se puede hacer, aunque no sea de noche, puedes estar tranquilo. Y al revés, si un abogado del Estado se pone en contra, no hay nada que hacer. Hubo un caso de un abogado del Estado que dijo que no se podían transferir 6.000 millones a las comunidades autónomas. Se trataba de una opinión jurídica fundamentada de aquella manera, que luego tumbaron, pero que paralizó una legislatura. Ese alto funcionario ahora está en el gobierno de Ayuso. Este es un ejemplo del gran poder que tienen. Esto es algo de lo que los políticos hablan mucho, pero que no sale a la opinión pública. Los periodistas sólo cubren una parte de la industria de la política: los debates en el Congreso, la bronca… En el libro quería mostrar esa parte, que no tiene tanta visibilidad.

—¿Qué pasa con el régimen de compatibilidades? ¿Por qué ocurren esos casos que denuncias en el libro?

—Porque durante cuarenta años se ha dejado hacer. Digo cuarenta por poner una fecha. Hay un ejemplo muy descriptivo: los abogados del Estado con compatibilidad concedida, que a la vez pueden trabajar en el despacho y que nadie sabe quién los contrata. Esa figura es muy pegajosa. No he encontrado a nadie que los defienda, excepto a los propios abogados del Estado que tienen la compatibilidad concedida. Cuando trabajaba en El Confidencial, hace 10 años, junto a otros dos compañeros conseguimos pleitear y tener acceso a la lista, por transparencia, de los abogados del Estado con compatibilidad reconocida. En ese momento había treinta y tres. Ese día se dio la última compatibilidad. A ellos lo que no les gusta es que se haga público. Todos se conocen, todos lo saben. Desde entonces, sólo quedan ocho: se han cerrado despachos, se han jubilado, han pedido excedencias… Las cosas cambian, pero muy lentamente, sin hacer ruido. No sé si algún ministro volverá a conceder la compatibilidad. ¿Cuándo se extinguirán? En quince o veinte años, todo muy poco a poco. En El País publiqué el caso de una abogada del Estado que estaba en activo y era secretaria del Consejo de Mapfre, una empresa que cotiza en el Ibex 35. Ese es un puesto que tiene que ser revisado por la CNV. No era algo que estuviera escondido. La llamé y me dijo que no quería que eso saliese en el artículo que estaba escribiendo. La mencioné. Después de la publicación, le pidieron que se cogiera una excedencia. Todo el mundo lo sabía, pero se dejaba hacer. Lo que no les gusta es que se haga público. Era algo normal que, después de unos años como letrado de Cortes, ese funcionario tuviera un despacho. Francisco Martínez, que está siendo ahora juzgado por la “Kitchen”, es letrado de Cortes en activo; él no va por el Congreso, tiene su despacho y trabaja allí. Los letrados de Cortes no van ni al Consejo de Estado. Ellos trabajan en sus oficinas y un tercio tiene compatibilidades concedidas. ¿Has visto la serie Baron Noir?

—Traiciones y venganzas políticas a la francesa.

—Cuando el protagonista llega a ministro de Trabajo, hay un momento en el que le dicen que tiene que recortar el presupuesto. Hay unas elecciones sindicales, que paga su ministerio, en diciembre y habla con los sindicatos para pasarlas a enero. Un asesor le dice que el año que viene va a tener el mismo problema, y el político le responde que no sabe dónde va a estar el próximo y que con ese cambio el presupuesto está cuadrado.

—Patada a seguir, como en el rugby. Ganamos unos metros, alejamos el peligro y ya veremos qué pasa.

—Claro. Para terminar con el tema de las compatibilidades: la edad media del Consejo de Estado es de ochenta años; hay uno que tiene noventa y seis. Hubo un presidente de ese consejo que llegó y dijo: “Necesitamos que los letrados vengan por la tarde”, y le contestaron: “Presidente, antes tendríamos que conseguir que vinieran por la mañana”. ¿Quién va a cambiar eso? Y sobre todo, qué incentivo vas a lograr por conseguirlo; ni electoral, ni mediático. Te vas a enfrentar con ellos y no vas a conseguir nada. Por eso se les deja hacer. Una reforma para que el funcionario que pleitea contra el Estado pierda su plaza no se va a hacer.

—Suena extraño que un funcionario pleitee contra el Estado.

—En la teoría no pueden ir contra su administración, contra la Administración General del Estado. En la práctica no se puede controlar. Se han dado casos como el de un abogado del Estado en activo que era secretario del consejo de Afinsa, la empresa de la macroestafa de los sellos. Algunos de los papeles de Afinsa tenían el membrete de la Abogacía del Estado. Acabó condenado a cárcel. Pero eso no movió una ceja dentro de la administración. Nadie se preguntó por qué hemos llegado a esto. Este señor salió de la cárcel, sin haber devuelto el dinero, y reingresó en la abogacía del Estado porque nunca nadie pidió su inhabilitación. No es que quiera linchar a nadie ni que crea que este hombre tenga que pasar el resto de su vida en prisión, pero esto ha sido muy gordo como para que nadie se lo plantee. Como se lo gestionan entre ellos, hoy por ti y mañana por mí.

—Alguno de los altos funcionarios que menciona en su libro en su tarjeta tenía dos cargos: letrado de las Cortes y abogado en ejercicio. Esto es algo que resulta contradictorio, difícil de entender. 

—Es que tener una tarjeta con el escudo del Reino de España es muy goloso. Un letrado me dijo que esto es como el carnet de listo. Cuando te sacas una de estas oposiciones, el Estado te está diciendo: “Tú eres listo”. Y entonces, pues hay listos que lo eligen todo: el prestigio, la respetabilidad social, la seguridad que da el Estado y el dinero de la empresa privada. Para muchos de ellos, el servicio público es una estación de paso para estar los primeros años —ganar el prestigio, la reputación, hacer los contactos— y luego pasar a ganar dinero en el sector privado, y en los últimos años quizás volver a cotizar los últimos años cuando te prejubilan en el despacho.

—Quizás es un problema de motivación. A los 30 años han llegado a su tope profesional y salarial. 

—Ese es un problema evidente. Si el 40% de los abogados del Estado está en excedencia, pues obviamente ahí pasa algo. Esto es algo que menciono en el libro. Yo no voy contra nadie, entrevisto a gente para intentar explicar el fenómeno. No estoy criticando al funcionario que se va a la empresa privada. El problema está en el sistema que permite eso. Mi reflexión es que hay un problema estructural, una falta de carrera profesional, que hay que equiparar los sueldos. Después de publicar el libro, algunos altos funcionarios me han escrito y me han dicho que he sido demasiado comprensivo: el que elige el servicio público se puede jubilar de esa forma; los sueldos no están mal. Entonces, me surgen las dudas. Lo que sí tengo claro es que si hay un 40 % de abogados del Estado en excedencia, algo está pasando. Falta valorar el servicio público al que se queda, y también se tienen que conocer los casos como el del secretario de Afinsa. El otro día contaba un caso de un señor que había sido jefe de arbitrajes en la abogacía del Estado. Esta institución creó un departamento para defenderse de los fondos extranjeros que pleitean con la administración española en Nueva York y amenazan con embargar a la selección española de fútbol. Pues este funcionario, que fue uno de los jefes del departamento, ahora ha presentado un arbitraje contra el reino de España, en nombre de una empresa australiana, pidiendo mil millones de indemnización. Esto se tiene que saber, porque lo que está haciendo ese hombre es legal y podrá mantener su plaza en la abogacía del Estado y volver a ella cuando quiera. Hubo despachos, como el de Uría, que no quisieron coger esos casos que les ofrecían; para ellos era como colaborar en un proceso para sacar el cuadro del Guernica de España. Su sorpresa fue que esas reclamaciones que rechazaron eran aceptadas por abogados del Estado en excedencia. Este fenómeno ha durado diez años, con diferentes gobiernos, y nadie ha hecho nada.

—Muchos abogados del Estado acaban en la política: Macarena Olona, Jorge Buxadé, Edmundo Bal Francés, Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal…

—Arias Cañete, Herrero y Rodríguez de Miñón… Son muchos. El otro día, en una entrevista en la televisión extremeña, el periodista leyó la lista y me dijo: “Son todos de Podemos, ¿no?”. (Risas) Es que ahora en la política se mete gente que ha sido de las juventudes del partido o funcionarios. El problema es que no hay tanta gente que se quiera meter en política porque sales marcado, las empresas no te quieren; la gente sale mal de la política. Hemos criticado mucho las puertas giratorias —que está bien hacerlo—, pero esto tiene un efecto perverso: son pocos los que quieren entrar en la política. El puesto de ministro sigue teniendo un prestigio y conlleva un ego, pero para cubrir el resto de puestos es más difícil. El alto funcionario conoce la administración y sabe que siempre va a poder volver a su plaza. En el gobierno de Rajoy, aparte de él mismo, había muchos altos funcionarios: Cospedal, Sáenz de Santamaría, Arias Cañete, Soria, de Guindos, los hermanos Nadal… Ahora tenemos a Carlos Cuerpo. Y el problema son esos funcionarios que quieren hacer todo: ganar la plaza, hacerse políticos y luego irse a la empresa privada; los que lo quieren todo.

—Terminamos. Florentino Pérez es el gran actor secundario de su libro. Hablemos de Chitín.

—Hay gente que está siempre en el borde. En cuanto das un paso fuera, ya sea con Rubiales o con Florentino, allí hay un abogado del Estado. El libro lo empiezo con la declaración de Cristiano Ronaldo cuando es investigado por fraude fiscal. Este acto tiene lugar en los juzgados de Pozuelo, en pleno verano, a finales de julio. Había un montón de periodistas en las puertas para dar la noticia porque tenía una repercusión internacional. Un tiempo después, un periódico portugués dio la declaración del jugador y en ese vídeo se ve al fondo a una persona, que resulta ser José Luis del Valle, “Chitín”, abogado del Estado en excedencia, secretario del consejo de ACS y mano derecha de Florentino Pérez. ¡¿Cómo puede estar ahí ese señor?! Ahí sólo podía entrar la fiscalía y los abogados de Cristiano. Pues ahí está, y la razón es por ser abogado del Estado. Y esa metáfora me pareció perfecta: entre un montón de periodistas, entre todas esa cámaras, una persona se acerca a la puerta y pasa adentro porque es abogado del Estado. Entiendo que todo eso que escuchó le vino muy bien al Real Madrid y a Florentino para saber si Cristiano implicaba al Madrid en su fraude fiscal. Eso de que “Florentino Pérez tiene siempre cerca un abogado del Estado” me lo dijo Mariano Guindal, de La Vanguardia. Y es verdad. Marta Silva de Lapuerta estuvo en la junta del Real Madrid. Y ahora está Catalina Miñarro Brugarolas, la abogada del Estado que te comentaba que estuvo en el consejo de Mapfre. Yo soy de Murcia. cuando en un bar se juntan dos paisanos y empiezan a preguntarse —yo soy de éste y tú de ésa—, llegan a la conclusión de que “al final, todos los señoritos son primos”. Aquí pasa lo mismo.

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Autor: Rafael Méndez. Título: Los dueños del Estado. Editorial: Península. Venta: Todostuslibros.